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Resumen:
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En Bolivia, la trata y el tráfico de personas, son una antigua problemática de reciente abordaje. En la última década, los datos empíricos y su evidente crecimiento, finalmente develaron esta brutal situación, que por razones culturales y vacíos legales, se toleraba –incluso- con cierta naturalidad. Estos delitos, además de las típicas formas con fines de explotación sexual y laboral, comportan otras muy particulares en la sociedad boliviana como: el padrinazgo, la crianza de favor de los ahijados, niñas y niños entregados para desarrollar tareas servidumbrales; el matrimonio servil; la mendicidad forzada; el trabajo y la explotación infantil y adolescente, entre otros. Son resabios coloniales que hasta hoy conviven con el Estado de Derecho, y
lamentablemente, son formas de trata velada y socialmente admitidas en el modelo capitalista que expresa relaciones de poder basado en esquemas patriarcales que se modernizan constantemente. Para la Defensoría del Pueblo, ésta realidad debía ser visibilizada, porque las respuestas institucionales eran prácticamente nulas; no había legislación, programas de prevención ni atención alguna, la persecución y sanción eran sólo dirigidas a los delitos sexuales e ignoraban sus causas estructurales, la pobreza, la creciente exclusión, la desintegración social, la violencia de género, generacional y la valoración de la explotación como patrón de acumulación.
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